• El 3% de la población española (1,4 millones de personas) necesita apoyos para desarrollar actividades básicas de la vida diaria
• Durante 2017 38.000 personas fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

Estos son algunos datos extraídos del informe presentado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España. El recorte acumulado de la Administración General del Estado (en adelante AGE) en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende ya a 4.600 millones euros

El coste global del sistema para el Observatorio durante 2017 ascendió a 7.600 millones de euros.

La AGE soportó el 16,0% del coste global, los usuarios un 20,5% y las CC.AA el restante 63,5%.

Durante 2017, la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados…) han mejorado. Lo que parece indicar que el SAAD se reactiva, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos fundamentalmente a los dependientes con Grado I.

Casi 1 millón de personas atendidas por el Sistema

1.264.951 personas tienen reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 51.018 más que un año antes. De ellas 954.831 personas están siendo atendidas en el Sistema, 89.267 más que el año anterior.

Un tercio de estas personas son mujeres (65%). El 72,2% son pensionistas (+ de 65 años) y más de la mitad (54,6%) tienen más de 80 años

310.000 personas sin atender

310.120 personas (24,5%) están en lista de espera al finalizar 2017, aunque son 51.078 menos que un año antes. A este ritmo, se tardarían más de cuatro años en atender la actual lista de espera.

Resulta especialmente preocupante que casi cuatro de cada diez personas desatendidas (38,8%), son dependientes con Grado II o III (Dependientes Severos y Grandes Dependientes); en total 120.378 personas. Resulta así que las personas con más necesidades de atención son las que menos han visto reducir su lista de espera, lo que evidencia que las Comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir la lista de espera con menores costes para el Sistema (Dependientes moderados) y con servicios de bajo coste.

100 personas dependientes fallecen a diario sin recibir atención

Durante 2017 38.000 personas fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. Esto supone que diariamente fallecen más de 100 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.

220.000 empleos directos

218.370 empleos directos están vinculados al Sistema de Atención a la Dependencia al finalizar 2017; un Sistema que muestra una sorprendente capacidad para generar empleo y para obtener retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2017, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 36,1, y la tasa de retorno es del 39,7%.

Si se atendiera ya a las 310.120 personas en espera se generarían más de 75.000 nuevos empleos directos.

El Administración General del Estado solo aporta el 20% del gasto público

Un año más, el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo. La Administración General del Estado aporta el 20% del gasto público y las Comunidades Autónomas el 80% restante. La disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 2.700 millones de euros.

Estas deficiencias en la financiación del Sistema han sido puestas de manifiesto en el Informe Técnico elaborado por la “Comisión de Análisis de la situación de la Dependencia” constituida por iniciativa de la Conferencia de Presidentes de 17 de enero de 2017. En informe, aprobado en octubre de 2017, contiene importantes consensos respecto a las dificultades en la gestión del Sistema y respecto a sus problemas de financiación. Compartimos en esencia las conclusiones de la Comisión. Ojalá sean tenidas en cuenta en la elaboración de los PGE y en la negociación del sistema de financiación autonómica (si se produce).

ESCALA DE VALORACIÓN

La mejora en las Comunidades con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, si bien siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. De nuevo hay que advertir que algunas Comunidades Autónomas van a tener muy difícil recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica- Por lo tanto, no solo no se atiende a todas personas con derecho cuando tras sucesivos aplazamientos ha finalizado la aplicación progresiva de la Ley, sino que el acceso y el contenido real de las atenciones está fuertemente determinado por la comunidad autónoma de residencia de la persona dependiente, generándose así graves desigualdades.

Diez Comunidades suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio. Las tres comunidades con mayor puntuación son: Castilla y León (9,3), Castilla-La Mancha (8,2) y Andalucía (6,4). Y las tres comunidades con peor resultado en la Escala son: Cataluña (2,5) Baleares (2,14) y Canarias (1,8)

Este es el resultado de la aplicación de la Escala de Valoración a fecha de principios de 2018:

Puede descargarse el XVIII Dictamen completo en www.directoressociales.com

ALGUNOS GRÁFICOS DE INTERÉS

Evolución comparativa entre los principales indicadores de gestión.