Una nueva Ley para proteger a las personas mayores

Bajo el título ‘Las Leyes en la ciudad que cuida’, más de 130 usuarios siguieron en streaming el duodécimo webinar organizado por Fundación Mémora en el marco de su Fórum de Debate Ciudades que Cuidan. En el encuentro, que tuvo lugar durante la tarde del martes 20 de abril, varios expertos reflexionaron, entre otras cuestiones, sobre la necesidad de redactar una Ley Integral de Derechos de los Mayores que proteja a este colectivo.

La jornada fue dirigida y moderada por Joan Berenguer, director de la Fundación Mémora, y contó con la participación de varios expertos, entre ellos, Joaquín Corcobado Romo, jefe del Área de Derechos Sociales y Ciudadanía de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Javier de Frutos González, Subdirector de Derechos Sociales en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); María Jesús Calvo de Mora González, Coordinadora de Servicios Sociales, Mayores e Igualdad del Ayuntamiento de Coslada; Raquel Millán Susinos, Tesorera y Vocal del Consejo General de Trabajo Social; y Christian Javier Barrionuevo López, Director del Centro Médico Dr. Christian Barrionuevo.

Durante la sesión, los expertos pusieron sobre la mesa la oportunidad de regular la revisión permanente, la garantía, la protección y la defensa de los derechos de los mayores y la responsabilidad ciudadana en este ámbito. Entre las medidas más destacadas estaría la incorporación de un fiscal específico para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores, para perseguir los abusos, maltratos y delitos que se infrinjan a este colectivo.

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En palabras de Raquel Millán Susinos, Tesorera y Vocal del Consejo General de Trabajo Social: “El cuidado debe hacerse con corresponsabilidad en una relación recíproca, mutua e igualitaria, lo que significa que todas las vidas tienen el mismo valor. Una sociedad que no se implique en la corresponsabilidad y que no facilite espacios para el cuidado de la vida y para el cuidado de las personas, sigue siendo una sociedad injusta y desigual”.

Por su parte, Joaquín Corcobado Romo, jefe del Área de Derechos Sociales y Ciudadanía de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), abordó la importancia de adaptar las leyes y normas a las nuevas necesidades de este siglo XXI: “Esta pandemia ha puesto de manifiesto que aislar y confinar a las personas mayores deteriora la vida de estas personas. Por tanto, es evidente que el sistema actual necesita mejoras y adaptaciones y, por tanto, se debe revisar el modelo de cuidados actual y rediseñar el sistema de autonomía personal y de atención a la dependencia. Necesitamos un cambio del modelo socio-sanitario.”

Otro de los temas destacados fue que las personas mayores tienen una serie de derechos fundamentales y, también, de responsabilidades con el bien común, como el resto de las generaciones, cuyo ejercicio debe asegurarse desde los servicios y programas auspiciados por las administraciones públicas.

Principios inspiradores para la legislación

El encuentro ha permitido a los expertos reflexionar sobre diversos principios que deberían inspirar la legislación en materia de atención a las personas mayores, a partir de los diversos puntos clave recogidos en el artículo Legal del Fórum de Debate Ciudades que Cuidan.

El documento también contempla aspectos como la necesidad de contar con una coordinación sociosanitaria estructural para enlazar el Sistema Público de Salud y el Sistema Público de Servicios Sociales; apostar por un tejido legal que favorezca la presencia de las personas mayores en el hogar regulando aspectos como las tecnologías en el cuidado domiciliario, y garantizar estándares de calidad en los servicios orientados a las personas mayores, y su entorno familiar y comunitario, reforzando la valoración social y ética en los procesos de contratación pública.

“Existen tres elementos clave: el hogar, la vecindad y la comunidad. La pandemia ha puesto en evidencia que son espacios distintos pero interrelacionados, pero que es en esos tres espacios donde se debe poner el acento para conseguir un cambio de modelo. Solo así daremos un paso sustancial hacia un modelo centrado en la persona”, destacó Javier de Frutos González, Subdirector de Derechos Sociales en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Asimismo, Christian Javier Barrionuevo López, Director del Centro Médico Dr. Christian Barrionuevo, hizo especial hincapié en que “es importante contar con sistemas mucho más fluidos que permitan la transmisión de información desde los asistentes sociales y los propios médicos, así como buscar la forma de que intervengan y participen otros agentes sociales como, por ejemplo, asociaciones de vecinos y comerciantes, con el objetivo de generar un marco de datos que nos permita extraer conclusiones para desarrollar y aplicar leyes más cercanas que logren esa coordinación socio-sanitaria”.

Educación, cláusulas sociales y medio rural

También se señala la importancia de desarrollar la educación intergeneracional en valores, de manera que en el conjunto de la normativa y planificación se considere un eje transversal, como terreno de encuentro y convivencia en el que las personas mayores puedan compartir sus experiencias y conocimientos y, al mismo tiempo, incorporarse a los debates más incipientes, así como adquirir nuevas competencias, como las digitales.

“Educar en valores es fundamental para que todos los seres humanos, independientemente de la edad y la circunstancia, contemos con un trato digno, reconocimiento social e igualdad de derechos y responsabilidades. La educación en valores tiene un objetivo que es el de formar ese ideario de civismo y que los modelos de convivencia democráticos estén basados en el respeto, la empatía, la igualdad y la solidaridad”, explicó María Jesús Calvo de Mora González, Coordinadora de Servicios Sociales, Mayores e Igualdad del Ayuntamiento de Coslada.

Las propuestas del documento comprenden, además, la inclusión de cláusulas sociales que valoren cualquier política desde la perspectiva de su contribución al desarrollo del tejido comunitario, como el respeto a las decisiones de las personas mayores y promoción de su autonomía, promoción de la cooperación en las relaciones de vecindad, y activación de sensores para detectar la soledad no deseada, el riesgo de exclusión, la pobreza y el abandono, entre otras.

Un último factor que contempla el artículo es la necesidad de retomar la Ley de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural como instrumento para mejorar la calidad de vida rural e impulsar posibilidades de desarrollo local, al considerar que el papel de las personas mayores resulta clave para poner en marcha actuaciones que garanticen los recursos adecuados en el medio rural y el desarrollo de proyectos sostenibles.