«Utilizaremos todas las vías posibles para lograr acabar con la injusticia social hacia las personas mayores”
Tras el veto del PSOE a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para equiparar el IVA al 4% en todos los servicios de atención a la Dependencia, la presidenta de CEAPS, Cinta Pascual, asegura que no cesará en su lucha contra esa “injusticia y discriminación histórica” y reclama al PSOE que “reaccione” y levante el veto. Más de 8.000 pensionistas y jubilados suscriben el manifiesto de CEAPs por la equiparación del IVA en la Dependencia.
“Utilizaremos todas las vías posibles para lograr acabar con la injusticia social hacia las personas mayores”.
Así de contundente se mostró la presidenta de El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs), Cinta Pascual, tras el veto del PSOE a la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 que pretendía equiparar el IVA al 4% en todos los servicios de atención a la Dependencia. “No cejaremos en nuestra lucha contra esa discriminación histórica”, sostuvo, mientras añadía que desea que el Grupo Socialista “reaccione” y, al final, “levante el veto”.
Pascual se pronunciaba en esos términos minutos después de suscribir, junto a representantes de más de 8 millones de pensionistas y jubilados el manifiesto, impulsado por CEAPs, para exigir que todas las personas dependientes tributen al mismo tipo reducido del 4% por los servicios a la Dependencia y eliminar, de esta forma, el doble rasero “injusto” que implica que no todas las personas que viven en residencias acuden a centros de día o reciben cuidados en el entorno familiar paguen el mismo IVA por el mismo servicio.
“La atención a la Dependencia no puede ser considera un lujo; es un servicio esencial”, apunta Pascual, quien añade que “es una vergüenza que hablen de justicia social cuando vetan una enmienda que va directamente a las personas”. No hablamos de fiscalidad o de dinero, hablamos de justicia”.
Entre las organizaciones que han suscrito el manifiesto figura la Plataforma Estatal de Asociaciones de Mayores, CEOMA, la Plataforma Estatal de Familiares de Usuarios y la CEDDD.
Con su adhesión, trataban de presionar al Gobierno para que no vetara la enmienda presentada por distintos grupos políticos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, al entender que “es el momento de que todos los políticos, en el Gobierno y la oposición, estén a la altura, se pongan al lado de los mayores, de las personas dependientes y de sus familiares, y acaben con una “injusticia histórica”.
Y es que, tal y como aparece en el manifiesto, “no tiene explicación que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona tenga una tributación diferente”. Hay que recordar que actualmente el IVA que se paga por los servicios asociados a la Dependencia es del 10% si los contratan de forma personal, mientras que solo tributan un 4% por idéntico servicio si este es concertado o público.
Este doble rasero “perjudica doblemente” a las personas que se encuentran en el limbo, ya que, pese a tener derecho a una plaza pública, se ven obligadas a abonar la totalidad de la plaza o el servicio de su propio bolsillo mientras la Administración resuelve su caso y encima gravado con un 6% más de IVA que pagaría si ya dispusiera de esa plaza pública o concertada que le corresponde.
En el manifiesto se sostiene que es un derecho universal, reconocido en la LAPAD, y como tal es injusto que se penalice a un ciudadano incrementando el IVA cuando este se ve obligado a contratar un servicio privado por la falta de plazas públicas o por la “ineficacia del sistema público”, que tarda de media 468 días en otorgar un servicio o prestación, cuando el máximo que establece la ley es de 180 días.
“La atención a la Dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4%, al igual que otros servicios básicos”, recalca el manifiesto.
No solo pide la equiparación del IVA por “justicia social y porque es un derecho universal”, sino porque aliviaría la situación de muchos dependientes que hoy pagan por el efecto del IVA más de 1.200 € anuales y mejoraría “la economía del país”. Según sus cálculos, la recaudación del Estado se incrementaría en 170 millones de euros.
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En este sentido, explica que una rebaja del IVA movería a más familias a acudir a la contratación de servicios profesionales, lo que conllevaría una mejora en la ocupación de los centros y nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, una reducción en el número de parados y un ahorro en las prestaciones por desempleo. “Por cada 2 usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral, como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica. Es un empleo estable y no deslocalizable”, concluye el manifiesto.
LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS A TÍTULO INDIVIDUAL QUE DESEEN AÚN ADHERIRSE AL MANIFIESTO PUEDEN HACERLO EN LA PAGINA WEB DE CEAPS https://ceaps.org/
