La Defensoría del Pueblo ha requerido a los Ministerios de Educación, Producción, Cultura, Transportes y Comunicaciones e Interior, que expresen su conformidad con la adhesión del Perú a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Los ministerios señalados son los que aún no se han pronunciado y sus apreciaciones son necesarias para continuar con el proceso que permita concretar la adhesión del Perú a este instrumento internacional, posteriormente se requerirá la aprobación del Congreso de la República.

La adhesión es fundamental en la medida que dicho instrumento contiene los principios básicos para la formulación de políticas públicas sobre envejecimiento y brinda un marco de protección de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, que son alrededor del 10% del total de la población en nuestro país.

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), desde el 2015 a marzo del presente año 5,158 personas adultas mayores fueron afectadas por violencia psicológica, 2,325 por violencia física y 150 por violencia sexual.

Si bien es cierto que el Perú cuenta con normas que reconocen los derechos de la persona adulta mayor y los deberes del Estado y las familias, la adhesión a esta convención permitirá reforzar el marco de protección de sus derechos para garantizar una vida en condiciones dignas, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política.

Entre los aspectos que protegen los derechos de la convención destacan, por ejemplo, el de independencia y autonomía para decidir sobre un plan de vida así como elegir dónde y con quién vivir.

También el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. Otro aspecto significativo es el que garantiza un sistema integral de cuidados que provea la protección y promocione la salud, además de la cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda.

Para la Defensoría los problemas que afectan los derechos de las personas adultas mayores, requieren de una intervención integral bajo un marco legal sólido y políticas públicas sobre envejecimiento y se verán fortalecidos con este instrumento internacional, más aún cuando el mapa demográfico toma una nueva forma con el incremento de la población mayor a 60 años.

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