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La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha pedido un Plan Estatal de Sanidad para las personas mayores y con discapacidad mayores, desde su firme defensa de la universalización del sistema y de las prestaciones de salud.
Así lo ha trasladado el presidente de la PMP, Lázaro González García, durante la celebración de la jornada ‘La atención a la salud de las personas mayores’, que ha tenido como objetivo abordar los retos y el futuro que afrontan los servicios de asistencia sociosanitaria para las personas mayores, además de ofrecer un análisis sobre las buenas prácticas y experiencias en políticas llevadas a cabo tanto en este ámbito tanto en diferentes comunidades autónomas como en otros países.
En este sentido, ha mostrado su disposición para colaborar con el Ministerio de Sanidad y aportar su experiencia, y ser un interlocutor constructivo. Para ello, ha instado a un pacto general con el Ministerio y las Comunidades Autónomas para abordar el trato específico en materia sanitaria para personas mayores.
Durante su intervención, ha defendido el derecho a la asistencia sanitaria. Según ha aseverado, “la universalización de las prestaciones de salud es algo fundamental y de la que no podemos prescindir”. Así, en este sentido, ha afirmado que están trabajando dentro de esta defensa cerrada de la universalización del sistema y las prestaciones de salud.
“Tenemos que defender nuestro sistema de salud público universal, ya que estamos por encima de otros países en este sentido, sin embargo, vemos que en este momento hay ciertos sectores que quieren transferir el costo de la salud a las personas y esto supone un riesgo, ya que dejaría desatendidas a las personas que no pueden pagárselo”, ha demandado.
De manera concreta, ha reclamado el impulso de la atención domiciliaria desde los centros públicos de salud; el replanteamiento y refuerzo de la atención primaria y de la coordinación sanitaria en las residencias de mayores; la inclusión de la salud bucodental en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, así como que se establezca un código de derechos y buenas prácticas en la atención a las personas mayores en sanidad.
Por su parte, el ministro de Sanidad, José Miñones, ha inaugurado la sesión manifestando que “el envejecimiento de la población es un claro síntoma de bienestar sanitario y social”. Según ha señalado, “España es uno de los países con mayor esperanza de vida a nivel mundial y eso dice mucho de nuestro sistema de salud pública”. Además, ha indicado que la visión desde el Ministerio de Sanidad coincide “plenamente en muchos de los aspectos señalados por el presidente de la PMP durante su presentación y que es necesario realizar importantes avances en la protección del colectivo de las personas mayores, que para nosotros es una cuestión básica”.
Así, el ministro también ha recalcado que «es de suma importancia la promoción de la salud en todas las etapas de la vida, porque en definitiva se trata de añadir vida a los años y años a la vida. En este sentido, ha afirmado que “debemos mejorar la capacidad preventiva del sistema de salud ‘‘porque la prevención es la mejor baza con la que podemos contar».
Para afrontar estos retos, José Miñones ha declarado que “es necesaria una acción coordinada desde el Ministerio de Sanidad con las Comunidades Autónomas, las administraciones locales y las sociedades científicas para conseguir el desarrollando un entorno que nos permita vivir no sólo más tiempo sino con mayor calidad”.
‘La atención a la salud de las personas mayores’
A continuación, el presidente de la Comisión Sanidad y Coordinación Sociosanitaria de PMP, José Manuel Freire, ha ofrecido la ponencia marco ‘La atención a la salud de las personas mayores’, en la que ha apuntado como determinantes de la salud a la genética y el contexto socioeconómico, ya que esto determina el sistema sanitario con el que contamos, por lo que, en este sentido, ha establecido como primera prioridad tener medios para una vida digna.
Así, se ha referido a la pobreza y a la desigualdad como la mayor causa de enfermedades y muertes en el mundo. En el caso de España, ha afirmado que “tenemos la suerte de que en nuestra sociedad la mayor parte de la gente que muere es mayor de 80 y 90 años, “y esto es nuevo”, mientras que, aunque esté bien situada en años de vida, “cojea a en calidad de vida y salud a partir de los 65 años”.
Según ha expuesto, “la longevidad se ha democratizado y sucede casi para todas las clases sociales y en muchos países”, por lo que, según ha asegurado, “vamos a precisar con toda seguridad de un gran cambio en los cuidados formales”. “Los determinantes de salud son exactamente los mismos que los de una vejez saludable y el factor que más contribuye es la educación, es decir, la prevención de la vejez se empieza a trabajar políticas públicas que mejoren el bienestar de la sociedad desde la infancia”, ha aseverado.
En este sentido, ha reconocido que, aunque el sistema nacional de salud español es “extremadamente bueno”, precisa de reformas y mejoras, las cuales están tardando en llegar”, y entre estos retos, ha apuntado al demográfico y epidemiológico, al clínico-asistencial, o a la gobernanza y la gestión. Y, por último, ha denunciado que la realidad es que la sanidad pública no tiene quien la defienda lo suficiente, por lo que ha señalado a la sociedad civil como “clave” para ello.
‘El reto sanitario de la longevidad’
La presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada y ex ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, ha sido la encargada de moderar la mesa redonda ‘El reto sanitario de la longevidad’, en la que han participado el presidente Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro; el presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores de la PMP, Alvaro García Bilbao; y la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar Manero.
Todos ellos han abordado los retos sanitarios del envejecimiento. Y, en este sentido, el presidente del SEGG ha incidido en la importancia de las políticas preventivas, en los entornos amigables y en la inclusión, al tiempo que ha apostado por potenciar la atención primaria, “que ahora mismo está en una situación preocupante”, por la transformación del sistema sanitario, así como por la inversión en un sistema de cuidados de larga duración más basado en el domicilio y en la comunidad y menos en las residencias.
Asimismo, Álvaro García Bilbao ha abordado los retos de las personas con discapacidad mayores en materia sanitaria, para lo que ha reclamado un sistema adaptado a sus necesidades mediante marcos de actuación específicos; al tiempo que la presidenta de la POP, se ha referido al envejecimiento y a la cronicidad, “que van de la mano”. En su opinión, “tenemos un sistema sanitario cortoplacista”, por lo que ha pedido priorizar a los pacientes crónicos y “no llegar tarde al diagnóstico ni al tratamiento”. “Necesitamos una atención primaria fuerte que ponga más el foco en el seguimiento y la prevención, necesitamos más recursos y una transformación en procesos asistenciales, de cuidados, y tenemos que hacerlo ya”, ha incidido.
‘Buenas prácticas en políticas sociosanitarias para mayores’
Además, la mesa ‘Buenas prácticas en políticas sociosanitarias para mayores’, moderada la presidenta de la Comisión de Envejecimiento Activo y Saludable de la PMP, Cristina Rodríguez-Porrero, ha contado con la participación del director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), José Vicente Granado; la ex viceconsejera de Sanidad del Gobierno Vasco, Dolores Ruiz Iglesias; y el senior advisor (Health & Life Sciences) de la Embajada de Dinamarca en España, Félix Garcia-Giralda.
Por su parte, José Vicente Granado ha expuesto algunas de las claves más importantes en cuanto a buenas prácticas, como por ejemplo la plena coordinación de los sistemas de salud con los servicios sociales, que en Extremadura están bajo una misma Consejería. “Hay que darle el peso que se merece a la dependencia y a los servicios básicos sociales”, ha señalado. Además, ha relatado la experiencia en el municipio de Pescueza donde tan buenos resultados se han obtenido en cuanto a calidad de atención sociosanitaria porque la perspectiva es que “la comunidad atiende a la comunidad”.
En este sentido, ha insistido en que “la salud es un concepto holístico y debe ser transversal”. “Las intervenciones deben realizarse desde la atención centrada en la persona, desde el envejecimiento activo y desde la colaboración intergeneracional. No podemos dejar pasar más tiempo para afrontar los retos pendientes en base a estas perspectivas”, ha indicado.
Dolores Ruíz ha destacado en este sentido que en España falta un desarrollo comunitario de la coordinación sociosanitaria. “En España tenemos afición al modelo como ente teórico. Nos encontramos con modelos o esquemas que están administrados de manera absolutamente centralizada y esto provoca que las decisiones políticas impacten en lo que deberían ser decisiones profesionales”, afirmó.
Así, ha remarcado que “la atención sociosanitaria es personal y debe adaptarse a las necesidades individuales de cada persona. Por lo tanto, cuando intentamos encajar todas esas necesidades individuales en un único modelo teórico y marco legal o institucional, es cuando el sistema falla. Las buenas prácticas se producen cuando hay separación entre institución y profesionalización de los servicios”.
En lo que respecta a Félix García-Giralda, ha resumido algunos aspectos del modelo de atención sociosanitaria en Dinamarca, donde según ha afirmado “una de las claves diferenciadoras es el rol de los ayuntamientos, porque son las instituciones los que están más cerca de los ciudadanos. Es algo que ha funcionado con éxito, al igual que el hecho de que nuestros mayores puedan decidir entre un abanico de opciones que les ofrece el municipio cuando vayan a necesitar de cuidados”.
Por último, la jornada se ha clausurado con la intervención del director general del IMSERSO, Luis Alberto Barriga Martín, quien ha manifestado que la vida plena de todas las personas requiere que los poderes públicos garanticen el ejercicio de sus derechos, muy especialmente las personas mayores y, para ello, ha reconocido que “tenemos que trabajarlo desde la Administración General del Estado en coordinación con las Comunidades Autónomas”, adaptándose a las necesidades de las personas. “Eso es lo sociosanitario”, ha concluido.
