Nos reunimos en Collado Villalba profesionales de la sanidad y sociedad civil  con el calor que nos acompaña en pleno verano, para abordar diferentes problemáticas que  inciden en el sistema  sanitario, desde infraestructuras, privatización, reducción de horarios en el área primaria, contratación y reivindicaciones en el ámbito hospitalario y de residencias geriátricas  públicas, concertadas y privadas. Para ello contamos con  diferentes plataformas y con la presencia de la diputada de Podemos Mercedes Pérez.

En la primera parte de exposición la Plataforma independiente de técnicos sanitarios c1 (@TSanitariosc1) denuncia la necesidad de mejorar  la infraestructura  para evitar inundaciones, caídas de techos, duchas comunales en plantas, plagas de insectos , camas anticuadas, instalaciones eléctricas  obsoletas causando  todo tipo de repercusiones si no se hace un mantenimiento preventivo de los hospitales públicos con más de 50 años de antigüedad.

Dicha plataforma instan derogar  la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto Básico del Empleado público, que impide reconocer la clasificación  de los Técnicos Medios en el grupo  C1 y la de los Técnicos Superiores en el B. Así mismo, demandan  elevar el número de personal  tanto en residencias  como en hospitales y centros de emergencias.

Denuncian los ratios elevados y muestran preocupación  del personal  por encontrar soluciones  al incremento de insultos y agresiones físicas y verbales en hospitales y residencias por parte de familiares y visitas.

Por otro lado, los trabajadores del Hospital General de Villalba  de titularidad pública, pero  que su personal sanitario depende  de la empresa adjudicataria IDC Salud grupo Quirón continúan denunciando las  condiciones laborales y ratios que no responden  a una igualdad retributiva semejante a una pública  donde  los profesionales tienen que realizar la misma asistencia a costa de salarios más bajos  y con jornadas de 40 horas semanales, y no las 37’5 estipuladas en la pública, con el añadido de una eventualidad  que no permite desarrollar especialidades y que ahora mismo responden a un escaparate  corporativo. 

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Frente a las demandas  de  las plataformas no adentramos  en observar si realmente  privatizar  le sale más barato al erario público. Según el CSIT cada cama ‘privatizada’  le cuesta a Madrid 665 euros más que una pública. Al contribuyente costear una cama  le sale 955€ diarios, un 74% más barato que los 1.600€ donde la gestión  sanitaria está privatizada.

En el Hospital Infanta Elena (Valdemoro), el de Torrejon de Ardoz,  Móstoles, Villalba  reciben de la administración  una cantidad fija o canon  no por el número de pacientes que atiendan, sino por el número de vecinos que tengan asignados. Si estos vecinos  no hacen uso del hospital, las empresas cobran igual. El lucro no acaba en estos hospitales totalmente privatizados  sino que se extiende al modelo mixto como en el Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), Hospital del Suereste (Arganda), el Hospital de Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla), el del Tajo ( Aranjuez)  y Majadahonda  cedidos a empresas constructoras a las que se les pagará un canon público por la prestación de servicios no asistenciales  y para la amortización de la inversión en construcción. Según CAS (Coordinadora  Anti- Privatización  de la Sanidad Pública de Madrid) se pagará durante un mínimo de 30 años a  Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, Begar- Ploder, Hispánica y  CVC Capital  Partners. 

A día de hoy la plataforma Audita Sanidad denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción a la cúpula de la Consejería de Sanidad por fraccionamiento dudoso, señalando la adjudicación  a dedo el 99,7%  de sus contratos sin publicidad ni concurso.

A todo esto se añade críticas por la aplicación del proyecto piloto en 14 centros de salud reduciendo el horario de primaria hasta las 18:30h planteado por la Comunidad de Madrid y rechazado por CCOO, SATSE y UGT.

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Por último,  en cuanto a los mayores según el INE en 2050  el 35 %  de población española  será mayor de 65 años, España  será  el segundo país más envejecido del mundo por detrás de Japón  y habrá 76 jubilados por cada 100 habitantes en edad de trabajar.

Consideramos que en  geriatría se ha ido avanzando en algunos aspectos como es el caso de la exigencia de certificados de profesionalidad para  ejercer el cuidado de mayores, lo cual es  positivo para comprender los procesos evolutivos asociados a la edad.

Evidenciamos la distancia de calidad existente entre residencias privadas, concertadas  y públicas. 

En  las residencias privadas todavía queda mucho por avanzar en cuestión de  plantilla, ratios, competencias, infraestructuras y material. Mantener un debate de evaluación y satisfacción junto a un control e inspección  debería  ser  el principio para mejorar en el sector privado. Los profesionales en este sector continúan con unas retribuciones económicas bajas en comparación al sector público. Los niveles de exigencia física y psicológica son máximos.

En las Residencias Concertadas y Públicas las condiciones  son aceptables, pero, en este apartados se debería retomar la Proposición de Ley de Centros Residenciales para personas mayores de la Comunidad de Madrid  propuesta por Podemos en 2018. Es necesario  blindar  un número  mínimo de personal  e instalaciones en las residencias de mayores. Los ratios siguen siendo elevados por enfermero o TCAE.

Velar por un a asistencia sanitaria pública y de calidad es responsabilidad de quienes  hacemos uso de ella, no la dejemos en manos de empresarios y políticos negligentes que pretenden beneficiarse del erario público precarizando y desmantelando la sanidad. 

Lizeth Valeros
  • Militante de Podemos Collado Villalba.
  • Técnica en Anatomía Patológica  y Citodiagnóstico.
  • Técnica en Cuidados de Enfermería.
  • Actualmente desempeño mi labor en el hospital público La Paz. Un hospital con un equipo de alta cualificación,experiencia y entrega que pone lo mejor de sus capacidades  para  toda la ciudadanía. Cuidemos de quienes nos cuidan.