Nos reunimos en Collado Villalba profesionales de la sanidad y sociedad civil con el calor que nos acompaña en pleno verano, para abordar diferentes problemáticas que inciden en el sistema sanitario, desde infraestructuras, privatización, reducción de horarios en el área primaria, contratación y reivindicaciones en el ámbito hospitalario y de residencias geriátricas públicas, concertadas y privadas. Para ello contamos con diferentes plataformas y con la presencia de la diputada de Podemos Mercedes Pérez.
En la primera parte de exposición la Plataforma independiente de técnicos sanitarios c1 (@TSanitariosc1) denuncia la necesidad de mejorar la infraestructura para evitar inundaciones, caídas de techos, duchas comunales en plantas, plagas de insectos , camas anticuadas, instalaciones eléctricas obsoletas causando todo tipo de repercusiones si no se hace un mantenimiento preventivo de los hospitales públicos con más de 50 años de antigüedad.
Dicha plataforma instan derogar la Disposición Transitoria Tercera del Estatuto Básico del Empleado público, que impide reconocer la clasificación de los Técnicos Medios en el grupo C1 y la de los Técnicos Superiores en el B. Así mismo, demandan elevar el número de personal tanto en residencias como en hospitales y centros de emergencias.
Denuncian los ratios elevados y muestran preocupación del personal por encontrar soluciones al incremento de insultos y agresiones físicas y verbales en hospitales y residencias por parte de familiares y visitas.
Por otro lado, los trabajadores del Hospital General de Villalba de titularidad pública, pero que su personal sanitario depende de la empresa adjudicataria IDC Salud grupo Quirón continúan denunciando las condiciones laborales y ratios que no responden a una igualdad retributiva semejante a una pública donde los profesionales tienen que realizar la misma asistencia a costa de salarios más bajos y con jornadas de 40 horas semanales, y no las 37’5 estipuladas en la pública, con el añadido de una eventualidad que no permite desarrollar especialidades y que ahora mismo responden a un escaparate corporativo.
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Frente a las demandas de las plataformas no adentramos en observar si realmente privatizar le sale más barato al erario público. Según el CSIT cada cama ‘privatizada’ le cuesta a Madrid 665 euros más que una pública. Al contribuyente costear una cama le sale 955€ diarios, un 74% más barato que los 1.600€ donde la gestión sanitaria está privatizada.
En el Hospital Infanta Elena (Valdemoro), el de Torrejon de Ardoz, Móstoles, Villalba reciben de la administración una cantidad fija o canon no por el número de pacientes que atiendan, sino por el número de vecinos que tengan asignados. Si estos vecinos no hacen uso del hospital, las empresas cobran igual. El lucro no acaba en estos hospitales totalmente privatizados sino que se extiende al modelo mixto como en el Hospital Infanta Sofía o del Norte (San Sebastián de los Reyes), Hospital del Suereste (Arganda), el Hospital de Henares (Coslada), el Infanta Leonor (Vallecas), el Infanta Cristina (Parla), el del Tajo ( Aranjuez) y Majadahonda cedidos a empresas constructoras a las que se les pagará un canon público por la prestación de servicios no asistenciales y para la amortización de la inversión en construcción. Según CAS (Coordinadora Anti- Privatización de la Sanidad Pública de Madrid) se pagará durante un mínimo de 30 años a Dragados, FCC, Acciona, Sacyr, Begar- Ploder, Hispánica y CVC Capital Partners.
A día de hoy la plataforma Audita Sanidad denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción a la cúpula de la Consejería de Sanidad por fraccionamiento dudoso, señalando la adjudicación a dedo el 99,7% de sus contratos sin publicidad ni concurso.
A todo esto se añade críticas por la aplicación del proyecto piloto en 14 centros de salud reduciendo el horario de primaria hasta las 18:30h planteado por la Comunidad de Madrid y rechazado por CCOO, SATSE y UGT.
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Por último, en cuanto a los mayores según el INE en 2050 el 35 % de población española será mayor de 65 años, España será el segundo país más envejecido del mundo por detrás de Japón y habrá 76 jubilados por cada 100 habitantes en edad de trabajar.
Consideramos que en geriatría se ha ido avanzando en algunos aspectos como es el caso de la exigencia de certificados de profesionalidad para ejercer el cuidado de mayores, lo cual es positivo para comprender los procesos evolutivos asociados a la edad.
Evidenciamos la distancia de calidad existente entre residencias privadas, concertadas y públicas.
En las residencias privadas todavía queda mucho por avanzar en cuestión de plantilla, ratios, competencias, infraestructuras y material. Mantener un debate de evaluación y satisfacción junto a un control e inspección debería ser el principio para mejorar en el sector privado. Los profesionales en este sector continúan con unas retribuciones económicas bajas en comparación al sector público. Los niveles de exigencia física y psicológica son máximos.
En las Residencias Concertadas y Públicas las condiciones son aceptables, pero, en este apartados se debería retomar la Proposición de Ley de Centros Residenciales para personas mayores de la Comunidad de Madrid propuesta por Podemos en 2018. Es necesario blindar un número mínimo de personal e instalaciones en las residencias de mayores. Los ratios siguen siendo elevados por enfermero o TCAE.
Velar por un a asistencia sanitaria pública y de calidad es responsabilidad de quienes hacemos uso de ella, no la dejemos en manos de empresarios y políticos negligentes que pretenden beneficiarse del erario público precarizando y desmantelando la sanidad.
- Militante de Podemos Collado Villalba.
- Técnica en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.
- Técnica en Cuidados de Enfermería.
- Actualmente desempeño mi labor en el hospital público La Paz. Un hospital con un equipo de alta cualificación,experiencia y entrega que pone lo mejor de sus capacidades para toda la ciudadanía. Cuidemos de quienes nos cuidan.
