A menudo escuchamos frases como: “La asistenta social del ayuntamiento nos asesoró y nos ayudó mucho en el caso de nuestro padre” y por lo que vemos, entienden las tareas (quizá no todas) de los profesionales del Trabajo Social pero aún pervive una denominación anclada en el pasado. ¿Les preocupa? ¿Por qué motivo?
Es cierto que se pueden escuchar todavía ese tipo de denominaciones, pero cada vez es más raro oírlo. La antigua denominación de la profesional es “Asistente Social”. Esta se modificó en 1982 cuando los estudios pasaron a ser diplomatura universitaria en Trabajo Social, que desde 2008 es una titulación superior, Grado en Trabajo Social. Cabe decir que la denominación profesional actual es “trabajador o trabajadora social”.
Algunas profesionales se enfadan cuando se les dicen asistente social, (asistenta es aún peor porque no responde ni a una denominación de la profesión anterior y es más confusa, porque nuestra profesión nunca se llamó así).
Hagamos un poco de memoria y un reconocimiento público a las generaciones precedentes. ¿Qué personas actualmente jubiladas han sido una referencia para el Trabajo Social en España y también, para su desarrollo personal?
Son muchas las trabajadoras sociales las que han contribuido a construir la identidad profesional y también han contribuido a desarrollar políticas sociales para tener una sociedad más justa desde el punto de vista social. Seguro que me dejaría a muchas personas por nombrar, por lo que voy a citar solo a las profesionales que han sido premiadas por el Consejo General por su trayectoria: Natividad de la Red, Montserrat Colomer, Patrocinio Las Heras Pinilla, Marco Marchioni.
Parece que los trabajadores sociales son personas con buena voluntad, pero hasta qué punto la sociedad valora su trabajo y si esta asimilación a agentes vinculados a la caridad no es contraproducente. ¿Cuál es su opinión como máxima representante de los trabajadores sociales colegiados?
Los trabajadores y trabajadoras sociales tenemos una historia a finales del siglo XIX vinculada a la filantropía femenina y a las organizaciones de caridad y beneficencia. Nuestra profesión tiene una fuerte vinculación como profesión de ayuda y de transformación social. De hecho, existen experiencias como la “Hull House” de Jane Addams, de trabajo social comunitario, que tenía un carácter volcado en la búsqueda de las causas de la exclusión y al cambio social.
La vinculación a la mera gestión de ayudas económicas alimenta esa idea antigua de la caridad, pero realmente los trabajadores/as sociales sabemos hace tiempo que la beneficencia pública y mera solidaridad privada deben ser anecdóticas. Lo que hay que conseguir son buenas políticas sociales que garanticen los derechos humanos y sociales de las personas. Hace un tiempo dije en una entrevista que “los trabajadores/as sociales no gestionamos la miseria, sino que defendemos la dignidad” y sigo pensando que esa expresión resume gran parte de los esfuerzos y la labor de la profesión hasta la actualidad. Sólo hay que conocer algunas de las acciones del Consejo General como la campaña “Derechos sociales por la dignidad”.
El envejecimiento de la población es a todas luces un éxito. ¿Qué pueden aportan los trabajadores sociales para promoverlo y atenderlo?
Así es. El aumento de la esperanza de vida es un gran progreso científico y social que sin duda está transformado la sociedad. Desde el trabajo social somos muy conscientes de ello y estamos en contra del discurso que criminaliza a las personas mayores como meras consumidoras de recursos que van a hacer insostenible los sistemas de protección social. Desde el punto de vista demográfico hay que tener en cuenta que una persona de 65 años de ahora no tiene nada que ver con una persona de 65 años hace 50 años.
La profesión ha trabajado siempre con las personas mayores. Desde el punto de vista de la atención de sus necesidades sociales, creemos firmemente en que hay que dar una imagen positiva de las personas mayores y que tenemos que contribuir a crear una sociedad para todas las personas.
Lo más evidente está contenido en la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia, ya que se tiene en cuenta la prevención, la promoción del envejecimiento saludable y la atención a las personas que tengan una situación de dependencia, aunque ya antes de la Ley ya existían estos programas, prestaciones y servicios.
La profesión ha defendido siempre la atención a las personas mayores desde la perspectiva de los derechos y ha sido un referente para ellos como profesión de ayuda.
En el plano más personal ¿cómo desea que sea su vejez? y ¿qué retos aún tiene por cumplir el TS para que sea un envejecimiento pleno?
La verdad es que no me lo he planteado mucho, pero estoy segura que me gustaría vivirla haciendo lo que me gusta y rodeada de las personas a las que quiero y que me quieren.
Creo que el trabajo social desde el punto de vista macro social tenemos que intentar incidir en las políticas sociales más adecuadas para las personas mayores, además es importante empoderar a las personas mayores para que participen más en la sociedad y se mejore la imagen que tienen.
Asimismo, hay que trabajar por ofrecer prestaciones, centros y servicios adecuados a cada situación que tengan en cuenta que la atención centrada en la persona, sus gustos y necesidades.
¿Deben los trabajadores sociales denunciar los recortes en las partidas sociales de los presupuestos? ¿Cómo ha de ser la relación del Colegio con los distintos partidos políticos?
Desde el Consejo General y los Colegios de trabajo social decidimos que debíamos posicionarnos en contra de las medidas de austeridad que han provocado recortes sociales en los sistemas de protección (educación, sanidad, servicios sociales y pensiones).
Nos implicamos en muchas plataformas que estaban en contra de los recortes sociales y nos hemos revelado públicamente desde una posición estratégica apoyada mayoritariamente por la profesión. También hemos participado en las distintas mareas, la verde, la blanca, la violeta y hemos impulsado la marea naranja convirtiéndola en un referente para los trabajadores/as en España y para otros países
Las organizaciones profesionales somos órganos consultivos del gobierno y de los grupos parlamentarios y extraparlamentarios en los ámbitos de intervención en los que desarrollamos nuestra labor. Por ello realizamos muchas propuestas al Gobierno y los diferentes partidos políticos para promover reformas sociales que persiguen una mayor justicia social. Igualmente realizamos un seguimiento de su cumplimiento.
La estrategia del Consejo General es de planificación social (realizamos investigaciones, estudios, informes para la realización de propuestas desde nuestra mirada de expertos profesionales), pero también es de acción social (promovemos y participamos en movimientos sociales de reivindicación y denuncia).
¿Qué líneas de acción entiende como necesarias para poner en valor el Trabajo Social desde el emprendimiento, la innovación social y la responsabilidad social corporativa?
Desde los orígenes del trabajo social, la profesión ha implementado la innovación para la resolución de distintos problemas y necesidades sociales, en algunos casos también desde el emprendimiento. No obstante, ese término se ha identificado en los últimos años, sobre todo desde que la Unión Europea incluyó algunas líneas estratégicas de fomento de la innovación social en su Estrategia 2020. Nuestra apuesta no tiene tanto que ver con una línea comercial sino con la necesidad de generar una transformación social, también por un Estado de Bienestar Social potente que cree nuevas respuestas a las necesidades y los problemas sociales.
Entendemos que hay que potenciar las metodologías de medición del impacto social que muestren los efectos de las políticas que se ponen en marcha, aunque sabemos también que otros actores deben innovar, como el tercer sector. Además, en las empresas privadas, la RSC puede englobar muchos proyectos de innovación social para poder abordar la complejidad de la sociedad actual.
Cambiando de tema, ¿cuál es la posición del Consejo General del Trabajo Social sobre los bancos de alimentos?
Nosotros no tenemos nada en contra de esas iniciativas, que han existido siempre y son tradicionales de la solidaridad privada. No obstante, si estamos en contra de que el Gobierno ponga en marcha este tipo de iniciativas para paliar los problemas de la gente. El Estado, los gobiernos autonómicos y locales deben garantizar derechos y no hacer caridad.
Es decir, que el Gobierno debe garantizar derechos a través de políticas sociales y las organizaciones del tercer sector deber ser complementarias y no de sustitución. Por ello nos hemos posicionado en contra de que el dinero público se dedique a financiar a entidades que hagan caridad en vez de dar respuestas adecuadas desde los distintos sistemas de protección social.
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